Estados Unidos impuso sanciones el martes a un magnate de medios venezolanos cercano al presidente Nicolás Maduro, acusándolo de tramar un fraude financiero que le robó 2.400 millones de dólares a las arcas públicas.
Según la medida dictada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el empresario Raúl Gorrín tiene un año para deshacerse de sus acciones en Globovisión, el principal canal privado de televisión en Venezuela. Globovisión está entre 24 propiedades vinculadas a Gorrín que están ahora sujetas a sanciones estadounidenses según la nueva medida.
“Los miembros del régimen venezolano han saqueado miles de millones de dólares mientras el pueblo venezolano sufre”, declaró el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.
“Las acciones que hemos tomado en contra de esta corrupta manipulación de la tasa de cambio destapa otra deplorable práctica que usan los miembros del régimen venezolano para enriquecerse a costa del pueblo venezolano”, añadió.
Mnuchin advirtió que “Estados Unidos seguirá comprometido a hacer que rindan cuentas los responsables del trágico declive de Venezuela y continuará usando sus recursos económicos y diplomáticos para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia”.
La fiscalía de Miami acusó a Gorrín el año pasado de sobornar a funcionarios de la Tesorería venezolana a cambio de poder comprar dólares a la distorsionada tasa de cambio oficial. Gorrín, según el prontuario, vendía entonces los dólares en el mercado negro asegurándose ganancias cuantiosas.
El gobierno estadounidense determinó que Gorrín usó la fortuna para comprar yates, caballos, avionetas y propiedades lujosas en Miami y Manhattan. Además invirtió dinero para otros jerarcas venezolanos, incluso el juez de la Corte Suprema Maikel Moreno, y para comprar obsequios para la primera dama Cilia Flores.
Ni Gorrín ni Globovisión contestaron correos electrónicos en los que se les pidieron comentarios, pero la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez calificó la decisión las medidas de “arbitrarias” e “ilegítimas”.
En conferencia de prensa, Rodríguez argumentó que esas acciones no tienen sustento en “ninguna ley internacional”. “Las medidas arbitrarias dirigidas sobre personas a nosotros realmente no nos preocupan”, agregó.
La oposición venezolana ha pedido al gobierno estadounidense medidas más enérgicas contra el gobierno de Maduro, como prohibir las compras de petróleo venezolano o designar al gobierno de Maduro como patrocinador del terrorismo internacional.
