El cierre de algunos organismos federales de Estados Unidos comienza a afectar seriamente la situación económica de muchos funcionarios y añade presión a los políticos para encontrar una solución al «shutdown» más largo de la historia del país.
La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió el miércoles al presidente, Donald Trump, que posponga el discurso sobre el Estado de la Unión previsto para el 29 de enero a causa de la paralización de parte de la administración.
«Desafortunadamente, teniendo en cuenta los problemas de seguridad y, a menos que los servicios del Estado reabran esta semana, sugiero que trabajemos juntos para encontrar otra fecha (…) o que considere dar su discurso sobre el Estado de la Unión por escrito al Congreso», dijo Pelosi en una carta al mandatario.
Trump exige que se destinen 5.700 millones de dólares para financiar un muro en la frontera de Estados Unidos con México para frenar la inmigración ilegal, un proyecto rechazado de plano por la oposición demócrata, que controla la cámara baja.
El mandatario volvió a arremeter este miércoles contra sus opositores. «Es cada vez más obvio que los radicales demócratas son un partido de fronteras abiertas y crimen. No quieren tener nada que ver con la gran crisis humanitaria en nuestra frontera sur», tuiteó Trump.
Pelosi y Trump llevan enfrascados en una batalla presupuestaria que se alarga ya más de tres semanas y que ha llevado a cerca de 800.000 empleados federales a un desempleo forzoso o a trabajar sin salario, en el caso de quienes ocupan un cargo considerado como esencial para el país.
Entre estos últimos se encuentran los agentes del «Servicio Secreto», encargado de la seguridad de personalidades como el presidente y de eventos como el discurso sobre el Estado de la Unión, recordó Pelosi en su misiva a Trump.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró que su departamento y el Servicio Secreto están «completamente preparados para apoyar y garantizar la seguridad» del discurso presidencial.
Facilidades de pago
Para tratar de mitigar los efectos del cierre en los trabajadores afectados, las iniciativas solidarias se multiplican por el país.
El cocinero español José Andrés, abierto detractor de Trump, abrió este miércoles una «cocina» en la avenida Pensilvania, entre el Capitolio y la Casa Blanca, cerca del Congreso, para alimentar a «todos los empleados y sus familias que lo necesiten», en el marco de la iniciativa «ChefsforFeds», que durará hasta que finalice el cierre gubernamental.
Después de que algunos funcionarios dejaran de cobrar sus salarios el viernes pasado, los miembros de la Guardia Costera lo hicieron el martes.
«Es la primera vez en la historia de nuestra nación que miembros activos de las fuerzas armadas estadounidenses no cobran», afirmó en Twitter el jefe de la Guardia Costera, almirante Karl Schultz.
Carl Thomas, almirante retirado y jefe del Fondo de Ayuda Mutua de la Guardia Costera, aseguró en la radio pública NPR que gran parte de los 42.000 soldados que dependen del Departamento de Seguridad Nacional vive debajo del nivel de la pobreza.
La situación también se agrava para los trabajadores de empresas subcontratadas por el gobierno, que al contrario de los funcionarios, no recibirán ninguna compensación por la pérdida de sus sueldos, por lo que los bancos de alimentos multiplican sus bonos en tanto restaurantes de todo el país ofrecen precios reducidos.
Los grandes bancos ofrecen facilidades de pago en forma de préstamos sin intereses o préstamos al consumo con tasas de interés muy bajas ante los crecientes gastos que deben afrontar los perjudicados. Los proveedores de internet y las compañías de teléfonos móviles también han anunciado facilidades de pago para sus clientes golpeados por el cierre.
Las ferias de empleo han proliferado para aquellos que optan por trabajar en otro sitio mientras dura el cierre. El Departamento de Educación del condado de Fairfax, en el estado de Virginia, lanzó recientemente convocatorias para profesores sustitutos.
El «shutdown» ha tenido también consecuencias más inesperadas. El martes, una cervecería de Washington presentó una demanda contra el secretario de Justicia interino, Matthew Whitaker, alegando que no puede vender sus productos a causa del cierre del organismo federal que regula el tabaco y el alcohol.
