Al mediodía del domingo 20 de enero de 2019, varios venezolanos, mochila al hombro, salían de Ibarra por la Panamericana Norte con rumbo hacia el sur; eran parte de los ciudadanos de ese país que fueron expulsados de la ciudad por habitantes de la localidad, quienes, en respuesta a la muerte de Diana Ramírez (el 19 de enero), los atacaron con palos y piedras.
La víctima fue apuñalada por el venezolano Yordy Rafael L.G., con quien mantenía una relación sentimental.
El hecho ha conmocionado a Ibarra y al país entero, sobre todo porque la joven, que cumplía 26 años el 20 de enero, recibió el ataque en presencia de algunos policías, quienes no pudieron impedir el crimen, además, la joven tenía 12 semanas de embarazo y era madre de una niña de cinco años y de un niño de tres años.
María Paula Romo, ministra del Interior, junto a varios miembros del alto mando policial, entre ellos el comandante general, Nelson Villegas y el director nacional de operaciones, Patricio Carrillo, comunicaron en rueda de prensa, desde el ECU-911 de Imbabura, que los agentes que atendieron la emergencia serán sometidos a investigación.
Las autoridades además admitieron que existe responsabilidad en su accionar al no cumplir ciertos pasos, precisos en este tipo de contingencias, pues limitaron su accionar al método de persuasión. Los oficiales superiores que estuvieron a cargo del operativo en el incidente serán removidos a otro comando.
«Hubo una respuesta absolutamente desordenada de la Policía, una Policía que no tuvo el control, que no acordonó adecuadamente el sitio del suceso y que intentó persuadir a la persona que con la celopatía o psicopatíaque pudo estar en ese momento, terminó con la vida de su pareja sentimental”, explicó Carrillo.
Dejó en claro que el uso de la fuerza no está prohibido para los gendarmes en casos como este, dicha potestad se las otorga la Constitución de la República, al reconocer a la Policía como una institución jerarquizada, técnica y armada.
Por lo cual se autoriza el uso progresivo de la fuerza, siempre y cuando se ajuste a los protocolos y normativas transversales con temas de Derechos Humanos.
Romo anunció que en el transcurso de este año se dotará a la Fuerza Pública de armamento no letal, que ayudaría mucho a los policías en urgencias como la que los convocó a la rueda de prensa. No precisó el monto de la inversión ni la fecha en la que llegarían estos equipos, es un tema que debe atender Compras Públicas.
A la rueda de prensa también concurrieron Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, y los alcaldes de Ibarra, Álvaro Castillo; de Antonio Ante, Fabián Posso; de Urcuquí, Julio Cruz; de Pimampiro, Óscar Narváez; de Cotacachi, Jomar Cevallos.
En tanto, en la Fiscalía de Imbabura, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, anunció que se pedirá a la autoridad judicial la pena máxima (26 años de reclusión), para el asesino.
Con información de El Telégrafo
