La diligencia arrancó un poco antes de las 10:00 de este miércoles 23 de enero del 2019. En la Corte Nacional de Justicia se esperaba a la exvicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, pero solo asistió su abogada Ana María Ontaneda.
Con ella en la sala y la presencia del fiscal General, Ruth Palacios, más un representante de la Procuraduría General del Estado, el juez nacional Iván Saquicela comenzó la audiencia en contra de la exfuncionaria, investigada por un supuesto delito de concusión.
El caso estalló luego de que se conociera el supuesto cobro ilícito de dinero a sus excolaboradores Ángel Sagbay y Karla Obando, durante el período 2011-2013, cuando Vicuña era asambleísta del movimiento oficialista Alianza País.
La fiscal Palacios llegó con documentos y presentó 21 elementos para sustentar su teoría. Entre esos indicios están, por ejemplo, las aseveraciones juramentadas de Sagbaya.
Él había declarado en la notaría Décima Tercera de Quito, que debió realizar aportes económicos para mantenerse en el cargo. El dinero recabado habría sido para la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), en la que Vicuña milita hasta ahora.
La Fiscal sostuvo que cada mes se depositaron entre USD 300 y USD 1 400 en una cuenta de la exvicepresidenta.
Además, se presentó el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el que se dice que entre 2008 y 2017, la exfuncionaria había registrado ingresos por USD 1,2 millones. Sin embargo, había pagado USD 512 000 por impuesto a la renta.
Con esos y otros 19 elementos, la Fiscalía solicitó inicialmente que se dicte prisión preventiva contra la exlegisladora.
Además, pidió que se le prohíba enajenar los bienes y que se inmovilicen sus cuentas por USD 23 300, que aparentemente no están justificados.
La fiscal Palacios indicó que con los elementos hallados se consideró que hay peligro de que Vicuña se fugue y que no está garantizada su comparecencia en el proceso judicial.
Ontaneda rechazó esas aseveraciones y recordó que su defendida tiene seguridad presidencial y que militares la acompañan todo el tiempo.
Además, presentó documentos de las hipotecas vigentes y certificados que avalan que una menor está a su cargo.
Con base en esta documentación, la defensa solicitó que se revea la petición fiscal y que se dicten otras medidas que no sea la prisión preventiva.
La Fiscalía aceptó esa solicitud y pidió que se prohíba la salida del país y la enajenación de los bienes. La diligencia judicial de la mañana se suspendió pasado el mediodía y se reinstaló a las 17:00, para analizar los pedidos de Ruth Palacios.
Tras estudiar el caso, el juez efectivamente prohibió la salida del país de Vicuña. Deberá presentarse cada ocho días ante el presidente subrogante de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, los días lunes de 08:00 a 10:00. El magistrado advirtió que si no cumple las medidas se podrá dictar prisión preventiva.
Saquicela también prohibió que se enajene un departamento ubicado en Quito.
Con esto, las investigaciones seguirán. De comprobarse el delito, la exmandantaria podría enfrentar penas de entre tres y cinco años.
El Código Penal (art. 281) dice que está prohibido que los funcionarios públicos, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas.
La abogada de Vicuña dijo que el dinero recibido por su cliente fue entregado voluntariamente.
Sin embargo, la Fiscalía General advirtió que Vicuña no ha justificado qué sucedió con ese dinero, cómo se utilizó y si finalmente se transfirió o no a las cuentas de ABA.
Según información de la tesorería nacional de Alianza País, no existen depósitos de Vicuña o de Alianza Bolivariana hacia ese movimiento político. Durante las investigaciones se revisaron datos comprendidos entre mayo del 2011 y mayo de 2013, cuando Sagbay era colaborador de Vicuña.
La Procuraduría también formuló cargos contra Vicuña.
Redacción CiudadColorada con información de El Comercio
