Ocho policías en servicio activo fueron detenidos por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para cohecho y concusión, informó la Fiscalía.
Durante la ejecución del operativo «Centinela«, cuatro policías de la Subjefatura de Tránsito del cantón Mejía, fueron separados de la formación, retiradas sus placas y armas de dotación, para ser esposados; otros dos fueron detenidos mientras estaban en labores de servicio; uno en el Ecu 911 y el último en su día franco.
Los agentes aprehendidos se habrían asociado para solicitar coimas a los conductores a cambio de pasarles por alto infracciones y delitos de tránsito, o de permitir el paso de volquetas con carga proveniente de la minería ilegal.
En el operativo se ejecutaron 12 allanamientos en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Santo Domingo de los Tsáchilas, precisamente en Quitumbe, Mejía, Santo Domingo, Riobamba, Latacunga, San Miguel de Los Bancos, donde se recabó información y documentación.
Según la Fiscalía, que investiga el caso desde hace dos meses y medio, la red identificaba a quien cometía una infracción de tránsito y lo acercaban al patrullero para hacer el arreglo económico respectivo, para lo cual montaba operativos ficticios en el norte de Quito, Rumiñahui, Machachi, Tandapi, Alluriquín y Santo Domingo.
«Extrañamente los 8 siempre aparecían juntos en las asignaciones de tránsito», indicó el Ministerio Público. Para perfilar a sus víctimas habrían utilizado las cámaras del ECU-911.
Tomaban información privilegiada, como el paso de un camión o volqueta cargada por determinado sector. Con este dato previo, montaban un operativo ficticio, que no era comunicado al ECU 911, ni autorizado por la Policía Nacional.
También aprovechaban los accidentes de tránsito y no tomaban el procedimiento correspondiente o borraban las cartillas del ECU 911 para desaparecer el accidente.
Además, habrían ingresado los vehículos a los patios de retención de la Policía Judicial y dejaban en libertad a los conductores, cuando estos ocasionaban lesiones a personas o conducían en estado de embriaguez.
A los causantes de los accidentes a veces los dejaban en casas de salud y retiraban sus pertenencias de los autos siniestrados para que queden como abandonados. «Incluso modificaban los partes policiales«, detalla la investigación.
Con escuchas telefónicas se verificó que la red obtenía beneficios económicos entre $ 300, $ 500, $1.000 y $ 2.000.
Redacción CiudadColorada con información de El Telégrafo
