La mayoría de la población en Ecuador (casi 17 millones de habitantes) parecen no haber caído en cuenta, pero desde el jueves 7 de febrero el presidente Lenín Moreno renunció normativamente a su obligación constitucional de Jefe del Estado.
A través del Decreto 660, el mandatario, que asumió sus funciones el 24 de mayo de 2017, delega las funciones inherentes al Ejecutivo en 4 gabinetes sectoriales y un gabinete estratégico.
Esto significa que el mandatario de 65 años de edad, que desde enero de 1998 perdió la movilidad de sus dos piernas, queda en la práctica como un objeto decorativo pues cede el manejo de las funciones principales a secretarios de Gabinete con rangos de ministros que incluso estarían sobe el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner.
La justificación expuesta por Lenín Moreno es que “es necesario replantear la institucionalidad a fin de fortalecer la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política intersectorial dado el Plan de Optimización del Estado que reorganiza la Función Ejecutiva”.
“Lo que ha hecho es materializar de manera normativa, legalizar esa entrega de la capacidad de gobernar; del gobierno en sí, dejando en papeles, utilizando la elasticidad de las normas constitucionales para delegar el gobierno en cuatro pequeños minipresidentes”, explicó el jurista Fausto Jarrín, en entrevista con TeleSur.
¿Abandono del cargo?
La conformación del gabinete estratégico se emitió en mayo de 2018, lo que ocurrió el mes pasado fue una reconformación y reagrupamiento para darle mayor dinámica a la gestión de la Función Ejecutiva y garantizar efectividad, más aun en las actuales circunstancias de escasos recursos, explicó Augusto Briones, secretario general de la Presidencia.
Sin embargo, el abogado guayaquileño Eduardo Franco Loor, menciona que el Decreto 660 transgrede la Constitución de la República y coloca al presidente Lenín Moreno en una posición de incapacidad para gobernar y de abandono del cargo. Urge una revocatoria del mandato, de conformidad con el artículo 145, numeral 6 de la Constitución.
El expresidente Rafael Correa, antecesor de Lenín Moreno a quien legó la continuidad del proyecto de Revolución Ciudadana, también criticó la medida. Si no quiere gobernar, la vía democrática sería llamar a una muerte cruzada, que significaría dar de baja a la Asamblea Nacional y llamar a elecciones generales, manifestó durante un acto con migrantes en Europa.
“Si le queda un poco de decencia debería llamar a muerte cruzada, porque tenemos una junta de 4 notables que está gobernando el país y están destrozando Ecuador. Eso es inconstitucional, es imposible, no existe en una democracia”, enfatizó.
“Es muy preocupante”, dice Fausto Jarrín. Y agrega que los “minipresidentes” van a dirigir desde el Gabinete Estratégico incluso la decisión sobre políticas públicas lo cual es una atribución del presidente de la República.
Xavier Aguilar, jurista quiteño, indicó a ElEstado.net que hay funciones y actividades que son delegables, otras que son naturales, propias e intrínsecas y que no se pueden delegar, son indelegables. Lenín Moreno al dictar este Decreto Ejecutivo, y crear estos cuatro Consejos o Comités pierde sus competencias, sus actividades propias y dispuestas en el mandato constitucional.
Pero, subraya, para determinar que existe abandono del cargo debe ser comprobado por la Corte Constitucional (recién posesionada tras una designación del Consejo de Participación Ciudadana afín al Gobierno) y declarada por la Asamblea Nacional, de acuerdo al numeral 5 del artículo 145 de la Constitución.
Atribuciones presidenciales
El artículo 141 de la Constitución ecuatoriana establece que “la Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública”. El numeral 3, del artículo 147 del texto constitucional, señala que son atribuciones y funciones del Presidente de la República, definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva.
Si bien la delegación de funciones es una facultad que tiene el presidente de la República, en esta ocasión llama la atención pues no es el Jefe de Estado quien encabeza los gabinetes sectoriales y más bien se “autoelimina” de ellos y se transforma en una figura decorativa, explica el abogado Fausto Jarrín.
Vacío de poder
Él sostiene que la mayoría de ecuatorianos siente que no tiene presidente al mando del país. Y considera que la decisión de Lenín Moreno va a tener repercusiones en el ámbito legal, va a generar mucha inseguridad jurídica.
“El presidente no puede, no debería autoexcluirse, de cumplir con su función que es ser la cabeza del Ejecutivo, que es ser la cabeza del Gobierno. Al momento de autoexcluirse está afectando la norma constitucional y muchas otras normas de carácter administrativo que están atadas a la figura del Presidente como tal, y no de las delegaciones”, expuso.
Hay una anécdota que podría graficar, de manera casi caricaturesca todo lo arriba explicado. En noviembre de 2018, durante una reunión con ganaderos, Lenín Moreno comentó –en ese estilo suigeneris con el que maneja los asuntos del Estado-: “yo como un arroz con huevo, y no me pasa absolutamente nada, Duermo tranquilo, y hasta me importa un bledo el país”.
La suscripción del Decreto 660 y la sensación no tan reciente de que existe un vacío de liderazgo en el Ecuador parecen dar peso a ese comentario.
Diversas encuestas de opinión registran que existe una caída de popularidad de Lenín Moreno. Alrededor del 75% por ciento no cree en la palabra del gobernante y una cifra similar no apoya su gestión.
Los encuestados identifican como los principales problemas del país la falta de empleo, el mal manejo de la economía, la corrupción, esto último pese a que Lenín Moreno dice encabezar una “cirugía mayor” contra ese fenómeno, pero que en la práctica se ha materializado en una feroz persecución contra Rafael Correa y sus colaboradores. (O)
