Los movimientos sociales de Argentina desplegaron sus fuerzas el miércoles con masivas manifestaciones en 50 ciudades para reclamar al gobierno que declare la emergencia alimentaria y ponga fin a incrementos de tarifas que consideran impagables.
«En los barrios volvió el hambre. Los tarifazos no se aguantan más. Es el peor año desde la crisis de 2001», dijo Daniel Menéndez, uno de los líderes de la protesta que en Buenos Aires reunió a millares de manifestante.
Hace 18 años se desplomó un régimen de tipo de cambio fijo (convertibilidad) y Argentina declaró el default con una conmoción política que en 10 días provocó la caída de cuatro presidentes, entre ellos tres interinos.
La boleta de electricidad acumula un aumento de 3.365% y la de gas 4.096% desde que asumió el presidente Mauricio Macri en 2015. Este año hay elecciones presidenciales el 27 de octubre.
«La crisis es dramática con caída de salarios (20% interanual en enero), cierres de fábricas y comercios, y comedores populares llenos de gente», dijo otro dirigente, Juan Carlos Alderete.
La marcha en la capital argentina confluyó sobre el céntrico Obelisco, en coincidencia con otra movilización de trabajadores contra la amenaza de cierre que pende sobre el canal de cable C5N, el único de toda la grilla de TV que refleja voces opositoras.
Alderete expresó su «solidaridad con los casi 400 empleados» de C5N en momentos en que reclamaban frente a un tribunal comercial a metros del Obelisco, por un fallo que impide pagar salarios a raíz de un juicio contra los dueños de la empresa.
«Es un ataque a la libertad de expresión», dijo Alderete sobre la emisora, una de las líderes de audiencia. Los abogados presentaron una apelación para que el caso sea resuelto por la Corte Suprema.
Los movimientos sociales nuclean a más de dos millones de trabajadores informales y desocupados. La fuerza laboral argentina la integran más de 10 millones de asalariados.
Una relativa calma atraviesa los mercados financieros al aplicar el gobierno una receta del Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye un déficit fiscal cero a costa de un severo ajuste presupuestario entre 2018 y 2021.
Las duras medidas, a cambio de un salvavidas crediticio de 57.000 millones de dólares, hundieron en recesión a la economía, con caída de 2,6% en 2018 y 1,7% en 2019, según el FMI.
La inflación oficial orilló el año pasado el 48%, la peor en 28 años.
El próximo índice de pobreza será «peor» al anterior, admitió esta semana el gobierno. La tasa podría alcanzar a un tercio de la población de 44 millones, según consultoras privadas.
