Un grupo de fiscales supremos eligió el jueves a Zoraida Avalos como Fiscal General de Perú hasta 2022, una etapa clave por las investigaciones a la élite política señalada por sus vinculaciones con el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Avalos ocupaba el cargo desde enero de forma interina en reemplazo de Pedro Chávarry, quien ha sido vinculado con un grupo de empresarios, jueces y fiscales de alto rango que intercambiaban favores entre sí con el fin de incrementar su influencia en la justicia peruana. La agencia oficial de noticias Andina indicó que la reunión que decidió por unanimidad la elección de Avalos duró casi una hora en la sede del Ministerio Público, a pocas cuadras del palacio presidencial.
Avalos, de 62 años, ha reiterado a la prensa desde enero que respaldará el trabajo de los investigadores del caso Odebrecht que buscan llevar ante la justicia a cuatro expresidentes que gobernaron Perú desde 2001 hasta 2018 y a varios políticos, incluidas la líder opositora Keiko Fujimori y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. La nueva fiscal general también apoya el acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht que permitirá acceder a pruebas claves.
En abril los investigadores del caso interrogarán a Jorge Barata, el más importante exejecutivo de la constructora brasileña, quien podría dar datos fundamentales en la causa.
El acuerdo de colaboración firmado por la fiscalía peruana y Odebrecht permitirá mirar con lupa cuatro enormes proyectos de infraestructura por los que la constructora admitió haber pagado sobornos pero aún falta detectar quiénes fueron los que recibieron el dinero. Las obras bajo investigación son una vía que conecta Brasil con la costa del Pacífico de Perú, el metro de Lima y dos vías ubicadas en la región de Cusco y en Callao, el principal puerto de Perú.
A cambio de entregar toda la información requerida por los fiscales Odebrecht seguirá operando en Perú pero en un plazo de 15 años deberá pagar una reparación de 228 millones de dólares, incluidos intereses y tributos.
En 2016 la constructora admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos de toda Latinoamérica, incluyendo a varios gobiernos de Perú.
