El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue llamado a declarar en un proceso judicial iniciado por la Justicia del país iberoamericano para investigar el denominado caso ‘Inapapers‘, sobre la adquisición de bienes a través de una empresa ‘offshore’.
Además de Moreno, en la investigación se incluyeron otros 153 funcionarios públicos que fueron llamados a una audiencia pública prevista para el 1 de abril de 2019, según informó el portal local ‘Ecuador Inmediato’.
La Justicia ecuatoriana aceptó un «recurso de protección» solicitado por el antropólogo y activista social Felipe Ogaz, presentado después de que la presidenta de la Asamblea Nacional (parlamento), Elizabeth Cabezas, frenara, el pasado 7 de marzo, la creación de una comisión en el órgano legislativo para investigar al mandatario.
Ese mismo día se filtró un audio con la conversación entre Cabezas y la ministra del Interior, María Paula Romo, para supuestamente impedir que el Parlamento trate unas denuncias, presentadas por el asambleísta ecuatoriano Ronny Aleaga, que involucran al presidente Moreno y su familia por una presunta asociación con la empresa ‘offshore’ INA Investment –con cuentas en Panamá–, a través de la cual adquirió un apartamento de 140 metros cuadrados en el municipio español de Villajoyosa, Alicante, además de otros inmuebles y objetos de valor, cuando trabajaba como comisionado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para temas de discapacidad y accesibilidad.
Cabezas admitió la conversación, pero advirtió no era nada ilegal y sostuvo que hay determinados grupos políticos que «buscan sembrar la desestabilización en el país«, en referencia a sectores cercanos al expresidente Rafael Correa (2007-2017), enemistado con el actual mandatario Moreno.
Esos sectores «supuestamente difundieron» el audio a través de redes sociales, indicó Cabezas.
A la audiencia del próximo 1 de abril fueron llamados, además del presidente, los 137 asambleístas del Congreso, la ministra Romo y funcionarios de los otros poderes del Estado.
Por su parte, Moreno afirmó que se trata de una campaña de desprestigio lanzada por los aliados de Correa para evitar que su líder acabe en la cárcel.
con información de NotiMérica
