Consideran que sus derechos civiles han sido vulnerados, por la nula investigación de empresas off-shore, vinculadas al presidente Lenín Moreno.
Su nombre es Felipe Ogaz, directivo del colectivo Acción Jurídica Popular, quien luego de revelarse un audio donde la presidenta de la Asamblea Nacional y la ministra del Interior, cabildean para evitar que se investiguen cuentas en paraísos fiscales que involucrarían al presidente Lenín Moreno, considera que sus derechos han sido vulnerados.
Por este motivo interpusieron una Acción de Protección Constitucional, cuyo contenido fue avalado por una jueza, quien aceptó el trámite, llamando a declarar a 153 funcionarios, para este experto un hecho sin precedentes.
Desde el Gobierno, la ministra del Interior, reaccionó, calificando esta acción como una maniobra política.
Por su parte el Correísmo ha iniciado acciones para pedir la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional.
Ogaz niega cualquier vinculación política, se autocalifican como ciudadanos de a pie.
En la providencia emitida por la jueza que sigue el caso, se ordena que a partir del 1 de abril próximo, se inicie la recepción de los testimonios de los 153 funcionarios involucrados en el caso.
Con información de Hispan TV
