A través de un fallo judicial, el activista Felipe Ogaz y el abogado Richard González esperan que se reconozca la vulneración de sus derechos constitucionales y se ordene una investigación sobre la compañía INA Investment, supuestamente vinculada con la familia del presidente Lenín Moreno.
Para lograrlo, Ogaz y González presentaron una acción de protección constitucional en la Unidad Judicial del norte de Quito. La demanda cayó por sorteo en el despacho de la jueza de la Niñez y la Familia, Jesús Raquel Herrera.
En el documento, Ogaz y González argumentan que tras el audio filtrado de la conversación entre la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas y la ministra del Interior, María Paula Romo, se evidencian posibles acuerdos políticos que pueden generar una falta de investigación e impunidad.
Sobre todo, porque la conversación tiene relación con una moción presentada en el Pleno del Legislativo el 7 de marzo, con el que se proponía indagar a la ‘offshore’ INA Investment y a Moreno. Pero la moción no pasó, porque tuvo solo 46 votos a favor de los 89 asambleístas presentes.
La demanda constitucional fue presentada el 11 de marzo pasado, cuatro días después de que se filtrara el audio.
Ayer, tras completar los requisitos legales, la jueza aceptó a trámite y citó a una audiencia para el próximo 1 de abril. En la convocatoria se detallan los nombres de 152 funcionarios.
Entre ellos está el presidente Moreno, la Ministra de Interior, el contralor Pablo Celi, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y los 137 asambleístas.
La acción judicial también incluye a los demás miembros de la Función de Transparencia y Control Social. Están, por ejemplo, los superintendentes de Bancos, de Compañías y de Control de Poder del Mercado.
La diligencia se realizará a las 08:30 en el auditorio de la Unidad Judicial, que tiene capacidad para acoger a todos los demandados.
“Esta acción de protección busca que se les ordene investigar las denuncias. Lo único que estamos pidiendo es una investigación que demuestre o refute la implicación del Presidente de la República en la recepción de donaciones, por contratos, etc”, dijo ayer, 19 de marzo del 2019, Ogaz.
Según el activista, la acción se presentó a título personal y no ha sido auspiciada por ninguna organización.
“No se puede permitir en un Estado de Derecho, que la Asamblea, que supuestamente es un órgano de control y fiscalización, no fiscalice”, agregó.
En su demanda, se indica además que esa falta de indagación ha vulnerado derechos constitucionales.
Se cita, por ejemplo, el artículo 3 de la Carta Magna, en el que se detallan cuáles son los deberes del Estado ecuatoriano: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.
Otros derechos vulnerados, según los activistas, están descritos en el artículo 393 de la misma norma suprema.
En ese texto se indica que el Estado “garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos”.
Más adelante se subraya que la planificación y “la aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno nacional”.
A esta demanda constitucional se suma una denuncia presentada en la Fiscalía por el asambleísta Ronny Aleaga, para que se investiguen un posible tráfico de influencias y las denuncias sobre el caso ‘INA’.
Después de hacerse público el audio de la conversación entre Romo y Cabezas, la Ministra dijo que era un “intento de desestabilizar” al Gobierno.
“Creo que es un capítulo más de ese intento de desestabilización y de caos en el que pretenden tenernos. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cumpliendo con nuestras tareas y vamos a intentar evitar dejarnos atrapar por estos intentos de desestabilización”, sostuvo.
Este Diario buscó ayer una respuesta de la ministra Romo, y dijo que respondería luego de terminar una reunión.
En la parte final de la demanda de Ogaz y González se hacen tres pedidos a la jueza. Ellos solicitan que mediante fallo judicial se obligue a la Asamblea Nacional a iniciar la investigación del caso ‘INA’.
El segundo pedido es que el Legislativo inicie una investigación por la conversación mantenida por la Presidenta de la Asamblea y la Ministra del Interior “con el ánimo de obstruir la investigación en contra del Presidente de la República”.
Finalmente, la tercera solicitud es que la jueza ordene la publicación de la sentencia en las páginas web de la Asamblea, la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
Luego de la filtración de audio, Cabezas señaló que no había nada de ilegal en su conversación. “Lo que ahí se dice no compromete absolutamente a nadie. Son temas que en la cotidianidad yo los tengo que tratar como presidenta de la Asamblea Nacional”. También advirtió un posible espionaje.
Con información de El Comercio
