La Asamblea Nacional inició esta mañana el trámite del informe presentado por la comisión multipartidista que investigó a la presidenta de la Asamblea, la oficialista Elizabeth Cabezas, acusada de bloquear el pedido de los correistas de fiscalizar el caso INApapers, que involucría a la familia del presidente de la República, Lenín Moreno.
En el proceso se presentaron dos informes: de mayoría y minoría. El primero recomienda no sancionar a Cabezas, por no existir elementos fácticos y jurídicos en su contra. Este documento está suscrito por los asambleístas María Mercedes Cuesta (FE) y Fausto Terán (AP).
El segundo lo presentó Marcela Aguiñaga (del grupo autodenominado de Revolución Ciudadana), que recomienda al pleno destituir a Cabezas del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional.
Para dar paso al tratamiento del tema, Cabezas se excusó de presidir la sesión, por ser parte involucrada en el tema. Y Viviana Bonilla asumió la conducción de la plenaria.
En el informe de mayoría se señala que la denuncia presentada por la asambleísta Amapola Naranjo (RC), la fundamenta en un CD de audio y video que supuestamente contiene la conversación entre la Presidenta de la Asamblea y la ministra del Interior, María Paula Romo, que no adjunta a la denuncia.
Que su denuncia se sustenta en un el audio que se encuentra en redes sociales, el mismo que según la comisión, no ha sido judicializado.
Además que la denunciante señala que procede a transcribir el audio y video difundido en redes y medios, sin embargo se debe considerar que esta transcripción se la realiza de un archivo que carece de legitimidad y eficacia jurídica.
También aseguran que la prueba presentada por Naranjo es ilegalmente obtenida, violando la intimidad de las personas.
El informe de mayoría también señala que la denuncia presentada no determina con precisión cuáles son los fundamentos para encausar los hechos denunciados y que estarían prohibidos a los asambleístas.
Informe de minoría
La asambleísta Marcela Aguiñaga -en su informe de minoría- cuestiona que la comisión multipartidista se negó realizar el proceso de sustanciación de la denuncia presentada por Naranjo, en clara contravención de las disposiciones del Pleno, y en el Consejo de Administración Legislativa no se pudo avanzar con una adecuada investigación del caso.
Destaca que la comisión se reunió apenas dos veces: La primera para designar a la presidenta, y la segunda para decidir que no existía nada que procesar y recomendar al Pleno se inhiba de imponer alguna sanción a la asambleísta Cabezas, es decir, sin analizar pruebas, sin practicar diligencias, sin escuchar a los involucrados, sin debate, en general, sin cumplir con la Ley.
Que la comisión no recibió la comparecencia ni de la denunciante, ni la denunciada, de hecho ni siquiera se llegó a notificar a Cabezas para que ejerza su derecho a la defensa, tal como lo dispone el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que le impide a la Comisión emitir un informe.
Tampoco, añade el informe, fue posible evaluar y ordenar la práctica de diligencias probatorias solicitadas por la denunciante, así como las comparecencias solicitadas. Y que por ello no ha sido posible llevar a cabo un adecuado análisis de la situación de forma y el debate se centró en analizar si el CAL habría hecho bien su trabajo o no, violando el procedimiento previsto en el artículo 164 de la Ley de Orgánica la Función Legislativa que le otorga esta competencia exclusivamente al Consejo de Administración Legislativa.
Aguiñaga insiste que no se pudo determinar la responsabilidad de la denunciada en los términos del artículo 163 de la Ley de Orgánica la Función Legislativa, sin embargo se ha evidenciado, de acuerdo al análisis realizado en su informe, que actuó en contravención con la ética que exige la posición que ostenta, que se ha corroborado la conversación, en la que se escucha a la denunciada hablar con la ministra para intentar cambiar la votación del Pleno, respecto de un tema de transcendencia nacional, puesto que involucraba al Primer Mandatario.
La legisladora advierte que se debe tener en cuenta el precedente sentado por la Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional del 9 de marzo de 2018, por la cual se destituyó al José Serrano Salgado como presidente de esta función del Estado con base a su falta de ética y probidad; y, considerando que la asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero, al intentar manipular una votación en el Pleno de la Asamblea Nacional y al referirse a los asambleístas en términos descorteces, vulgares, soeces y grotezcos, ha faltado a sus deberes éticos y ha demostrado falta de probidad para dirigir la Asamblea Nacional, debiendo incluso recurrir a ministros de Estado para conseguir gobernabilidad.
Por esos antecedentes, Aguiñaga recomienda al pleno destituir a Elizabeth Cabezas de su cargo de Presidenta de la Asamblea Nacional.
Con información de El Universo
