Los prefectos miembros de la Comisión Ejecutiva del Congope piden celeridad en la trasferencia de recursos, tomando en cuenta que los retrasos afectan la inversión en obras requeridas por las poblaciones.
Durante la reunión realizada está mañana en la sede del CONGOPE, las autoridades provinciales resolvieron dar curso a la ampliación del plazo del convenio Fingad, establecido por el Gobierno Nacional para transferir montos económicos adeudados a las provincias, a través del Banco de Desarrollo, y gestionar una reunión con el Ministro de Finanzas, SRI, Banco de Desarrollo y con el Presidente de la República, Lenín Moreno, a fin de encontrar respuesta a la petición de que se cancelen los rubros pendientes.
En rueda de prensa, el presidente encargado del CONGOPE, Rafael Dávila, acompañado por los prefectos de Imbabura y Napo, expresó su preocupación por la demora en la transferencia de los recursos que por ley les corresponde a los GAD, especialmente en materia de la devolución del IVA y por la competencia de riego y drenaje.
Según dieron a conocer los prefectos, pese a los acuerdos firmados, en enero de 2017 y agosto de 2018, para agilitar los procesos de la entrega de los fondos, esto, en la práctica no se ha cumplido, dando lugar incluso al crecimiento de la deuda por los múltiples retrasos, con lo cual se perjudica a los habitantes de cada territorio, considerando que se limita la inversión pública, generándose necesidades y desatención.
“Seguimos sin recibir respuesta ante un planteamiento de las autoridades del CONGOPE que se ha hecho al Gobierno para que se defina el pago cero del IVA, con lo cual se evitará que crezca la deuda por concepto de devolución de este impuesto, conforme ocurre actualmente.
Hemos pedido también a la Asamblea Nacional un pronunciamiento favorable sobre este tema, sin que hasta el momento se tenga pronunciamiento, lo cual nos preocupa”, dijo Rafael Dávila, presidente encargado del CONGOPE.
Otra de las inquietudes expresadas por los prefectos en esta reunión fue el incremento de gastos que soportan dentro de sus presupuestos, debido al valor del diésel industrial. Los GAD deben comprar este combustible dentro de la categoría industrial, una vez superada la cantidad de 2.000 galones que sí alcanzan un subsidio, sin tomar en cuenta que su accionar se concentra en prestar servicio público.
El prefecto de Imbabura, Pablo Jurado manifestó que su GAD, por ejemplo, utiliza para su trabajo 10.000 galones mensuales en promedio, por lo tanto 8.000 deben ser adquiridos a costo industrial, significando un incremento anual de 1.200.000 dólares en su liquidez. «Si esto ocurre, necesitamos una compensación para poder invertir esos recursos en las obras que requieren nuestras comunidades”, señaló el prefecto de Imbabura.
Con información de Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador
