El Registro Social de personas que reciben los diferentes bonos estatales actualmente está siendo actualizado en el país. Esto se debe a que el último, el del año 2014, presenta algunas falencias.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) detectó que hay ciudadanos que requieren asistencia, pero no constan: 80.000 núcleos familiares y 120.000 adultos mayores.
Para paliar la situación, entre enero y mayo de 2019 se reportaron 65.110 inclusiones de personas que merecen la ayuda del Estado. “Nunca la recibieron anteriormente”, detalló Berenice Cordero, titular de la citada cartera de Estado.
También se excluyó a 77.767 ciudadanos por diferentes motivos: cuentan con algún tipo de afiliación, son funcionarios públicos, fallecieron, mejoraron su situación económica, su documentación está desactualizada, entre otros.
La metodología de cálculo del índice del Registro Social 2014, efectuada en el gobierno anterior, tiene un alto error de clasificación (35% aproximadamente). “Es decir, tres de cada 10 personas están mal clasificadas como pobres, pobres extremos o no pobres”, añadió Cordero.
La intención del Gobierno Nacional es aumentar las transferencias tributarias al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, $1.100 millones.
Las autoridades solicitan a las personas pobres y extremadamente pobres que tienen algún problema para acceder a la ayuda comunicarse al MIES. Para ello se requiere el nombre y el número de la cédula de identidad.
El viceministro Marco Cazco precisó que el presupuesto actual para distribuir la asistencia asciende a $ 700 millones, pero se incrementará en 2020. “La idea es tener una cobertura total. Por ello es importante tener, al 2020 o 2021, un registro social depurado”.
Sobre el bono para los menores de edad, que son hijos de las mujeres que fueron víctimas de femicidio, adelantó que “los primeros serán entregados en el transcurso de la siguiente semana”.
Actualmente, el país ya tiene reportados 110 casos de femicidios con sentencia condenatoria. Se trabaja con las bases de varias instituciones estatales.
Los menores de edad que accederán al bono deben tener de cero a 18 años. Los montos que se entregarán tomarán como referencia los de la tabla de pensión de alimentos.
Con información de El Telégrafo
