La ampliación a cuatro carriles del tramo vial Unión del Toachi-Santo Domingo sigue sin rumbo fijo. El equipo técnico del Gobierno Provincial, posesionado el pasado 14 de mayo, se reunió y está revisando el proceso para en las próximas horas emitir un pronunciamiento referente a qué hará la prefecta, Johana Núñez, para solventar las dificultades presentadas hasta el momento.
Desde el punto de vista legal, el abogado en libre ejercicio, William López, recordó que “sobre la obra pesa una acción de protección hace varios meses, a la cual la administración de Andrea Maldonado, prefecta que reemplazó a Geovanny Benítez, hizo caso omiso”.
“La adjudicación fue para el Consorcio Multinacional Tsáchila, tras un proceso de licitación. Luego, Maldonado determinó la terminación unilateral del contrato por el incumplimiento de ciertas normas legales y la empresa contratista solicitó interponer el recurso legal, que está vigente”, dijo.
Después de eso, a finales de abril, sorpresivamente se informó desde la Prefectura que la ampliación de la vía había sido entregada en contratación directa, es decir, sin más oferentes, a la empresa Hidalgo & Hidalgo, cuyos técnicos iniciaron de inmediato labores en varios sectores de la vía a Quito, en el tramo correspondiente a ampliar a cuatro carriles.
Al respecto, el jurista mencionó que “estas actuaciones indebidas, traerán consecuencias que afectarán los recursos económicos de todos los ciudadanos de Santo Domingo”.
“El apuro en el proceso de terminación unilateral tenía muchas cosas de por medio, que dejan en entredicho la objetividad y legalidad de las actuaciones de la prefecta saliente”, agregó López. En su momento, Johana Núñez también solicitó esperar a la nueva administración para tomar decisiones al respecto.
“Tanto el Consorcio Multinacional Tsáchila como la empresa Hidalgo & Hidalgo, tienen ahora vías expeditas para demandar al Consejo Provincial por los daños y perjuicios causados”, agregó López.
El representante de la Comisión Anticorrupción, capítulo Santo Domingo, Galo Calero, explicó que durante muchísimos años se ha pedido al Estado la ampliación a cuatro carriles de la carretera.
“Consideramos que ampliar el tramo Unión del Toachi Santo Domingo debe ser competencia del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por tratarse de una vía nacional. Rechazamos la forma irresponsable del manejo de este tema por parte de las autoridades”, expresó.
El mismo criterio tiene Oswaldo Aguilera, analista político y docente jubilado, quien refirió que con este accionar se evidencia que “no hay autoridades que hagan respetar la categorización como provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas”.
“Desde un inicio solicitamos audiencias con el entonces prefecto Geovanny Benítez, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a las que nunca se presentó. No se tomaron en cuenta las recomendaciones y por eso tenemos estos resultados hoy”, dijo.
La salida que tiene la nueva administración de la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, encabezada por Johana Núñez, es adoptar correctivos para que se ejecute la contratación de manera legal.
Las consecuencias de este ‘embrollo’, abarcan a todos los funcionarios que han actuado en los procesos, ya que son responsables como manda la ley.
“Puede haber sanciones administrativas (destitución) y penal (delito), por incumplimiento de la orden de una autoridad competente (por la acción de protección vigente e irrespetada)”, señala William López, quien agrega que en materia de Derecho, el único contrato vigente legal, es el firmado con el Consorcio Multinacional Tsáchila; el adjudicado a Hidalgo e Hidalgo perdería validez, en tanto y hasta que no se resuelva la parte legal del primer proceso.
