Pasarían entre 15 y 20 días para que el Tribunal de Garantías Penales de Durán notifique por escrito la sentencia de 10 años que el pasado miércoles le impuso al exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel Molina, por el delito de lavado de activos.
Esa es la estimación que hace su abogado, César García, quien no descarta presentar una apelación ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas por considerar que el Tribunal no hizo una valoración correcta de la prueba o por aplicar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que no estaba vigente en el 2010 cuando se inicia el periodo de investigación.
“Sostenemos que al doctor (Iván) Espinel no le era aplicable el COIP, sino la Ley de Prevención de Lavado de Activos… La sentencia que debió haber recibido, en caso de ser declarado culpable, es de 6 años… Y hay mucha jurisprudencia en ese sentido…”, dijo García.
Respecto de la prueba, el abogado sostuvo que su cliente fue condenado por un lavado de activos de $ 267.000 y, según él, en la audiencia de juzgamiento el Tribunal sostuvo que el dinero ilícito de ese lavado provenía del delito de enriquecimiento ilícito. “Y eso es imposible porque ese delito (cuyo proceso entraría en los próximos días en etapa de juzgamiento) solo se puede cometer por parte de un funcionario público en el ejercicio de su cargo, y los únicos delitos que atañen a la función pública son la concusión, el cohecho y el peculado…”.
Por lo que, manifestó García, si el pasado 15 de febrero Espinel fue declarado inocente en el caso de peculado y no habiendo una denuncia ni proceso abierto por cohecho o concusión en su contra, “es evidente que no existe delito previo… y el Tribunal se equivocó”. “Sostengo que es una sentencia injusta, porque tiene una valoración indebida de la prueba…”.
Antes de la apelación, la defensa del exministro podría plantear un recurso de aclaración o ampliación de la sentencian “en los puntos que considere que es oscura”, expresó García. Pero no confirmó si haría uso de este derecho.
A los otros tres procesados por lavado de activo el Tribunal de Garantías Penales los sentenció a tres años y cuatro meses de cárcel, y al pago de una multa de $ 10.000 cada uno. Mientras, Iván Espinel debe cancelar $ 505.000.
“Lo mínimo que va a pasar en la Corte Provincial (de Justicia), siguiendo obviamente una lógica jurídica, es que la sentencia va a tener que bajarla a seis años…”.
César García, abogado
Con información de El Universo
