El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este miércoles de muy grave la indulgencia de Gildardo López Astudillo, alias el «Gil», uno de los principales implicados en el caso Ayotzinapa, por el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos.
El mandatario comentó que presionará al fiscal general y al consejo judicial del país para que realicen una investigación general de los funcionarios acusados de llevar la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
La liberación del fin de semana de López Astudillo establece un precedente que, según los expertos, podría llevar a la liberación de 50 sospechosos.
En su tradicional rueda de prensa en Palacio Nacional, el presidente presentó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien explicó detalles de lo ocurrido en el proceso judicial de la desaparición de 43 normalistas de Iguala, en Ayotzinapa.
Encinas explicó que el juez dictó una sentencia absolutoria de López Astudillo aún cuando se conocía que lideraba el grupo criminal Guerreros Unidos en el momento de la desaparición de los alumnos.
El implicado declaró que jamás darían con el paradero de los estudiantes porque los habían convertido en cenizas, pero el juez desestimó la mayoría de las piezas acusatorias y lo liberó con lo cual cerró el expediente de acusaciones contra ‘El Gil.
Ventura Ramos desestimó 44 pruebas que incriminaban a López Astudillo y analizó únicamente 192 tomos de los 700 del caso. Además, afirmó que la confesión del acusado se dio porque lo torturaron a pesar de que peritos forenses y otros especialistas decretaron lo contrario.
Se sumarían 53 liberaciones de los 142 sospechosos originales que ya fueron liberados, dijo el subsecretario Encinas, quien culpó a la fabricación de pruebas de las autoridades, el uso de la tortura y un encubrimiento general por destruir un caso en el que existían pruebas reales para enjuiciar a los responsables.
«Es un problema de justicia muy serio y por eso vamos a presentar formalmente una queja ante la Fiscalía General y el poder judicial en este caso», dijo por su parte López Obrador.
Encinas denunció que existe una indebida investigación por parte de las autoridades judiciales violatorias de la ley en beneficio de los ejecutores del crimen, pues había pruebas suficientes para sancionarlos. Se trata, dijo, de impartir justicia, no de violarla.
Redacción CiudadColorada con información de Telesur
