El Gobierno decidió ampliar las medidas económicas que había planteado el pasado jueves 9 de abril como parte de su programa Ecuador Solidario, para afrontar la crisis que atraviesa el país por el covid-19 y la caída del precio del petróleo.
El domingo 12 de abril del 2020, el ministro de Economía, Richard Martínez, señaló que se establecieron algunas medidas para incrementar los ingresos del Estado pero también para evitar afectaciones a la economía nacional.
Así, se decidió que en el proyecto de Ley de Emergencia Humanitaria se incluya “que el acuerdo entre las partes sea la norma”. Esto significa que en cualquier área de la vida se establezca la opción de llegar a un acuerdo para definir aspectos como los salarios, el pago de arriendos o en la compra de bienes.
“Este Régimen permitirá que todos los aspectos relevantes para el funcionamiento de la economía se puedan acordar , con la finalidad de preservar al máximo los trabajos y las fuentes de esos trabajos.
Por ejemplo, para evitar despidos se podrá acordar nuevos salarios, jornadas diferentes de trabajo; así como también extensiones de plazos y períodos de gracia para las deudas”. Señaló Martínez.
La idea es que de ahora en adelante, este tipo de acuerdos sean el mecanismo para el funcionamiento de la vida diaria, explicó el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, en una cadena nacional.
Asimismo, el Ministro anunció que se emitirá un decreto para ampliar el beneficio de diferimiento de impuestos por seis meses a pequeñas y medianas empresas. Además, diferirá los pagos del aporte patronal de las microempresas por tres meses.
Asimismo, la Corporación Financiera Nacional (CFN) creará una línea de crédito de largo plazo y tasas que no superen el 2% para sostener los empleos, con un aporte inicial de USD 500 millones de la contribución de las empresas al fideicomiso humanitario que prevé crear el Régimen.
El pasado viernes 10 de abril Martínez indicó que se creará un fideicomiso “humanitario y de reactivación productiva”, que se constituirá con la contribución del sector privado: 1 474 empresas con utilidades de más de USD 1 millón y personas naturales que reciben un salario mensual.
En el primer caso se cobrará un 5% sobre una base imponible del monto mayor entre utilidad gravable y aquella a distribuir, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en tres pagos mensuales.
Solo se aplicará el cálculo con base en los resultados del 2019 para las sociedades que se hayan constituido en ese año.
El Gobierno presentó una tabla en la que se establece cómo se hará la contribución, de acuerdo con las utilidades de las empresas.
También se presentó una tabla para que los asalariados cancelen una cantidad de sueldo mensual, por nueve meses; será para aquellos que ganen más de USD 500.
Martínez aclaró que el tiempo de estos aportes no corresponden solamente a la afectación producto de la cuarentena, que se prevé dure tres meses, sino a las necesidades de financiamiento que necesita el país para salir de la crisis.
Estas medidas se incluirán en un nuevo proyecto económico urgente, que se anunció se enviaría a la Asamblea Nacional el sábado 11 de abril. Sin embargo, el ministro Martínez confirmó que hasta la noche de este domingo no se había remitido y que se lo hará este lunes 13 de abril.
El Gobierno se ha reunido previamente con las bancadas legislativas para analizar el tema. Además, se está revisando aspectos sobre la tabla de pago de los asalariados.
De hecho, anunció que hubo ciertos ajustes con relación a lo que se presentó el pasado viernes. Martínez también dijo que se resolvió ampliar el aporte solidario los funcionarios públicos, para aquellos que ganen hasta USD 1000.
En ese segmento pagarán el aporte conforme la tabla establecida la semana pasada, pero aquellos que reciban un sueldo sobre ese valor cancelarán un monto del 10% del mismo por un año; quedan excluidos de este aporte los servidores públicos de cuatro sectores: educación, salud, seguridad, Fuerzas Armadas y Policía.
Para los empleados privados no ha existido, por ahora, ningún ajuste. Su aporte será por nueve meses. Su contribución se destinará para el fideicomiso, mientras que las de los servidores públicos se considerarán como ahorro.
“Este porcentaje de los salarios de los empleados públicos representan un ahorro para el país, porque reduce la presión en la recaudación. Ahora tenemos retrasos en los pagos de salarios, esperamos esta semana cubrirlos.
No es una situación fácil y vivimos una realidad que nos obliga a tomar decisiones que acompañen al país a salir de esta crisis”, puntualizó Martínez. Además de estas medidas el Gobierno se refirió nuevamente al subsidio de los combustibles.
“El país necesita dejar de subsidiar el contrabando de combustibles, la contaminación ambiental y a los ricos. Así trasladaremos la presión de recursos que tiene el Estado hacia el sector privado.
Los subsidios deben ir a los más pobres a través de transferencias directas. También debemos proseguir con la aprobación de reformas importantes que ya estaban preparadas, como el código de finanzas públicas, el código monetario, y la ley de empresas públicas.
El Gobierno indicó que todo esto requerirá el apoyo de la Asamblea Nacional para “asegurar la supervivencia de una economía viable deponiendo intereses partidistas y ubicar al ecuador por encima de cualquier otro interés”.
