Entre lágrimas y largas exposiciones, tres asambleístas y tres funcionarios públicos explicaron en el Parlamento las condiciones de salud que los llevaron a tramitar carnés de discapacidad. Todos dijeron que sus cuadros clínicos los justificaban.
Las declaraciones de este grupo de personas se dieron en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional que investiga las irregularidades en la emisión de carnés de discapacidad que, según denuncias públicas, involucra a políticos, funcionarios y familiares de estos.
Todos cuestionaron las publicaciones hechas en medios digitales y la prensa, y se quejaron de que se mancilló su honra al pretender darle el mismo tratamiento que a la red delincuencial que sacó documentos fraudulentos para beneficiarse en la importación de vehículos de lujo.
El asambleísta Israel Cruz (Cambio 62) expuso su cuadro clínico y contó que el carné lo tramitó en el 2011, que para su trámite actuó apegado a la Ley, que la enfermedad que padece es irreversible; y aclaró que jamás lo usó para comprar vehículos de alta gama.
En cambio, la legisladora Marcia Arregui (AP) se quebró cuando narró su condición de salud y que ahora salga a la luz cuando ella siempre intentó mantenerla en reserva de sus hijos para no causarles dolor. Que su grado de discapacidad no es visible, pero es uno de los peores diagnósticos de salud relacionados al corazón.
Que está dispuesta a realizarse una recalificación de su discapacidad, que con el carné jamás importó ni un alfiler y tampoco se ha beneficiado de descuentos tributarios; y que el trámite de la credencial demoró once meses y que lo obtuvo desde mayo del 2017, pero que jamás pagó ni aplicó influencia para obtener el carné en el cantón Ventana (Los Ríos).
Fabricio Villamar (antes de CREO) no quiso responder a la comisión que investiga el caso sobre la fecha y el tiempo que llevó a obtener el carné de discapacidad.
Tras insistentes pedidos dijo que para no cometer errores espera la información oficial del Ministerio de Salud sobre el proceso de otorgamiento del carné y les recordó que los informes relativos a salud cuentan con protección constitucional por tratarse de derechos personalísimos.
Los legisladores William Garzón (AP), Ángel Sinmaleza (SUMA), Carlos Vera (AP) y Marcela Holguín (RC) en varias ocasiones insistieron en la información y no lograron el objetivo.
Incluso el veedor Stalin Basantes sacó su carné y lo expuso para indicarle que no es necesario esperar al Ministerio de Salud y que la fecha de expedición consta en la credencial, pero tampoco dio resultado.
Pero Villamar aclaró que su carné de discapacidad nunca fue utilizado para el cálculo del monto de la pensión alimenticia de su hijo, y que no es moroso de pensiones.
Reveló que con fecha 6 de julio varios asambleístas fueron notificados desde la Fiscalía General con el inicio de una investigación previa sobre los carnés de varios asambleístas y sus allegados; y por lo tanto existe un procedimiento que se debe cumplir.
En tanto, la presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Catalina Vélez, narró que el carné de discapacidad lo obtuvo en agosto de 2002 y que no se benefició de importación de vehículos, y que su uso se ha limitado para la adquisición de pasajes aéreos.
Juan DeHowitt, director general del Centro de Inteligencia Estratégica, afirmó que obtuvo su carné en tres meses y que jamás lo usó para importar vehículos de lujo, y que el corto tiempo para obtener el documento se debe al cumplimiento de los requisitos. Que los trámites se vuelven engorrosos cuando no se observan los pasos y se tienen a la mano los certificados respectivos.
El rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailaigue, dijo que el trámite del carné de discapacidad obtenido en el 2017 demoró seis meses cuando no era funcionario público, que para obtenerlo no pagó a ninguna red de corrupción.
Dijo que en octubre del 2018 hizo el trámite para la importación de una camioneta, pero que recién fue aprobado en enero del 2019, cuando ya era interventor de la Universidad de Guayaquil.
El último de dar su versión fue Javier Vaca, esposo de la asambleísta Elizabeth Cabezas (antes de AP). Pidió a la Comisión de Salud que pida a la Defensoría del Pueblo que exija a los medios de comunicación que expusieron los nombres e información íntima de las personas con discapacidad, la reparación de los daños causados al buen nombre.
