El Ministerio de Economía y Finanzas mantenía un atraso de al menos $308,6 millones con corte al viernes 11 de septiembre por salarios al sector público, según la ejecución presupuestaria publicada en la web de la entidad. Los salarios devengados (obligación adquirida) de entre enero y el 11 de septiembre ascienden a $5722 millones, mientras que lo pagado llega a $5413 millones.
Aunque el Gobierno ha afirmado que está pagando a sectores priorizados como Policía, Fuerzas Armadas y Salud, estos mismos se encuentran entre las entidades a las que más se adeuda, según la ejecución del presupuesto.
En su orden, el Ministerio de Educación, con $126 millones; el de Salud, con $30 millones; el Ministerio de Defensa con $10 millones y la Policía con $9 millones. Luego está una larga lista de entidades a las cuales también se les ha reducido la asignación presupuestaria y con las que se mantienen atrasos de uno a dos meses.
El retraso en el pago de salarios le ha costado al Gobierno la presentación de una acción de protección por parte de la Defensoría del Pueblo, la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), la Red de Maestros por la Revolución Educativa y la Unión Nacional de Educadores. Esta fue acogida por un juez de la Unidad Judicial de Iñaquito que ha ordenado el pago puntual y sin atrasos.
Sin embargo, las órdenes judiciales poco pueden hacer frente a la falta de recursos. Al 4 de septiembre, la cuenta de depósitos del tesoro estaba en apenas $285 millones, según los datos del Banco Central del Ecuador.
La cifra es ínfima si se considera que el Gobierno, en condiciones normales, hubiese tenido que disponer de unos $3000 millones mensuales, dice Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. “El Gobierno está al límite y no tiene capacidad de responder para nada. Sobrevive con el desafío de ver cómo cierra el mes”, sentencia.
De acuerdo con Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, mensualmente el rol es de $620 millones y lo que se logró cancelar hasta este viernes fueron $200 millones, por lo que para él la mora estaría superando los $400 millones solo para agosto.
Al referirse a la acción de protección de la Defensoría, dijo que el planteamiento no debió ser que se pague en los primeros cinco días, sino que en la ejecución presupuestaria se le ponga como primera prioridad al pago a los salarios.
Sin embargo, también reconoció que el Ministerio no está desacatando las órdenes judiciales, sino que no hay la plata. En todo caso sí rechazó la discriminación que se da a la hora del pago, al priorizar a unos servidores, frente a otros.
Sobre la nómina de agosto, Finanzas ha dicho que dada la compleja situación económica por la que atraviesa el país se ha hecho una priorización de acuerdo con el artículo 286 de la Carta Magna. Además dijo que “se irá cumpliendo con los pagos de nómina en la medida de la disponibilidad de recursos económicos en la caja fiscal”.
Para Acosta Burneo, las leyes y la Constitución en muchas ocasiones establecen preceptos que dan la espalda a la realidad. En el caso de la Constitución, da garantías a todos, pero no se fija en si hay o no los recursos. De la misma manera las órdenes judiciales pueden decir que se debe pagar, pero no se toma en cuenta que no existen los recursos.
Sin embargo, asegura que el problema es mucho más profundo, porque lo que ha pasado en los últimos años, durante este Gobierno, es que no se ha querido priorizar el gasto y más bien se ha buscado vivir del endeudamiento. “Es como una familia que quiere gastar en todo, no prioriza y al final no tiene para pagar lo importante”, dice.
Para el analista, las órdenes judiciales de pago podrán hacer por momentos que se pague a tal o cual sector, pero el hueco siempre estará presente y mientras se pague a unos se dejará de pagar a los otros. La solución, dice, no es inmediata, sino que tomará varios meses y es priorizar los gastos, y que ese gasto sea de calidad y, por tanto, exista transparencia en el mismo.
Al analizar la priorización que ha hecho al momento el Gobierno, dijo que no es la adecuada, pues no se puede decir que una remuneración de un médico, por ejemplo, sea más importante que la de un conserje, o la de un policía a la de un profesor.
No se puede dar mayor importancia a uno o a otro, dice, y considera que se lo ha manejado con una estrategia política. En todo caso, explica que de aquí en adelante e incluso hasta el próximo año seguirán los atrasos en los pagos.
