El juicio está en curso. Jorge Glas y Carlos Pareja Yannuzzelli están en la cárcel de Latacunga y Ambato, respectivamente. El Tribunal de Juzgamiento dentro del denominado caso Singue está integrado por los jueces Iván León (ponente), José Layedra y Javier de la Cadena.
En las manos de los magistrados está la suerte jurídica del ex vicepresidente, Jorge Glas, y del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli (‘Capaya’), quienes son parte de los 15 procesados dentro de esta causa en la que Fiscalía persigue un presunto delito de peculado.
Ellos tienen procesos con sentencias ejecutoriadas en otros casos de corrupción. ‘Capaya,’ por ejemplo, tiene cinco condenas. La última, de seis años y ocho meses de cárcel, se le dictó en septiembre del año pasado por el delito de tráfico de influencias.
El caso de Glas es similar. El mes pasado recibió su segunda sentencia ejecutoriada por cohecho dentro del caso ‘Sobornos 2012 – 2016’. Antes, en 2017, tuvo otra de seis años por asociación ilícita por la trama de corrupción de la empresa Odebrecht.
Nicolás Salas, abogado penalista, explicó que, como los hechos que se le atribuyen al caso Singue habrían ocurrido en 2012, por principio de favorabilidad se debería aplicar la norma del anterior Código Penal, que establecía una sanción para el peculado de 4 a 8 años.
El actual Código Orgánico Integral Penal (CIOP) sanciona de 10 a 13 años de prisión. “Cuando existe la concurrencia de dos normas que tienen penas distintas para la misma infracción el juez debe aplicar la menos grave”, indicó Salas.
El jurista agregó que, de acuerdo con el razonamiento de la defensa de Glas, si a él se le aplicaría la normativa anterior para juzgarlo, también podría acogerse a la prelibertad, contemplado en el antiguo Código Penal, es decir, otorgarle el beneficio luego de haber cumplido el 40% de la pena.
No obstante, Fiscalía anunció ayer que los procesados participaron de un delito de peculado, estipulado en el artículo 257 del COIP.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó sus alegatos de apertura. Los elementos probatorios constan de 12 pericias, 39 testimonios y 115 pruebas documentales, para lo cual el juez León le dio un plazo de 3 días.
A partir del jueves, las defensas técnicas de los 15 acusados y demás partes procesales expondrán su prueba ante los jueces. Los alegatos definitivos se resolverán en un solo día.
Toainga dijo que probará que ‘Capaya’, sin presentar un informe sustentado, aprobó una licitación para la adjudicación de contratos para la explotación del campo Singue, para lo cual, indicó, hubo una sola oferta, la del consorcio DGC, conformado por las empresas Dygoil y Gente Oil.
Asimismo, el Fiscal indicó que las presuntas irregularidades que se habrían cometido en 2012, establecidas en un informe de Contraloría, le ocasionaron un perjuicio al Estado de 28 millones de dólares.
Miguel Revelo, abogado de ‘Capaya’ reconoció que su cliente presidió el comité de licitación y que nombró una comisión de calificación, pero aclaró que únicamente estuvo en funciones durante la etapa precontractual del proceso.
José Molina, defensa de Silvana Pastor, apoderada de Gente Oil y también implicada en el caso, negó que el país haya sufrido repercusiones en esta negociación. Aseguró que el campo Singue estuvo abandonado durante 15 años y que su descubrimiento fue un éxito, pues le entregó al país reservas petroleras de más de 6,5 millones de barriles.
Israel Montenegro, abogado de Glas, quien para la época de los hechos estuvo frente a los sectores estratégicos, aseguró que su defendido no tuvo competencia en la negociación del campo Singue. Agregó que únicamente participó en el comité de licitación hidrocarburífera, que en su calidad de ministro nombró un equipo negociador que emitió el informe favorable.
