El futuro de la comunidad San Luis es incierto. No se sabe cuánto tiempo le queda. Su única certeza es que, en cualquier momento, el socavón provocado por la erosión regresiva del río Quijos (Alto Coca), detectado a inicios de 2020, luego de que desapareció la cascada San Rafael, podría arrasar con todo. Hasta ahora, tres familias que han perdido sus casas y propiedades.
María Múnera, una colombiana que llegó al lugar hace más de 15 años, recuerda que en marzo pasado decidió dejar su casa. Se llevó lo que pudo: ropa, muebles, techos… y a su perro, Apolo. “Las paredes ya estaban cuarteadas y en las noches se escuchaba cómo el río tronaba, un sonido durísimo…”.
Dos meses después, la erosión se llevó su casa. Hoy, ese sitio -donde además había una extensión con plantaciones de naranjilla y más productos agrícolas- no existe. El filo roto de la carretera, que también fue devorada por el socavón, es lo único que queda.
María Múnera y otras cinco personas tuvieron que refugiarse en el comedor de la escuela de San Luis. Allí instalaron, en un solo ambiente, tres colchones y la cocina, hasta saber si serán reubicadas en algún lugar.
Pero esta mujer está segura de que en la escuela corre el mismo riesgo que la obligó a dejar su casa hace dos meses: el avance de la erosión.
Un informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), del 20 de mayo de este año, señala que la comunidad San Luis se encuentra en una zona de alto riesgo y hace prever una tragedia inminente.
“La tasa de erosión estimada para la zona de impacto principal de San Luis es alrededor de 0,41 m/día”, dice el documento. Y concluye: la distancia de la vivienda más cercana del poblado con respecto del filo del socavón es de 123 metros, “por lo que se estima que el proceso regresivo lateral llegaría a afectar a dicha infraestructura en 299 días”.
Si bien a los 216 habitantes de San Luis les preocupa el avance de este fenómeno, ninguno se ha ido. Porque ninguno sabe adónde ni cómo ni cuándo, pese a que la alerta roja -que implica una evacuación inmediata- está vigente.
La gravedad del avance de la erosión regresiva del río Quijos obligó al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos a cambiar la alerta naranja, que en el último año se había establecido en sectores aledaños, por la roja (Resolución SNGRE-58-2021, del 21 de mayo de este año).
Así, la zona crítica no solo es la circundante a la comunidad de San Luis, sino que se extiende a una zona de influencia que va desde la obra de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair hasta la confluencia con el río Napo. Es decir, un tramo de 130 kilómetros.
El informe identifica dos secciones de alto impacto para las localidades ribereñas: la cuenca alta del río Quijos, debido a la erosión regresiva lateral; y la cuenca baja del río Coca, por la sedimentación.
En la cuenca alta del Quijos están en riesgo las comunidades de San Luis y San Carlos, así como los puentes e infraestructura estratégica: la red vial estatal E45, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el oleoducto y el poliducto (ambos de Petroecuador) y el OCP (oleoducto privado)
En la cuenca baja, en cambio, existe un proceso de sedimentación y formación de nuevos brazos que podría afectar a las comunidades de San José de Guayusa, Minas de Huataraco, Toyuca, Sardinas y San Sebastián del Coca.
Desde abril del 2020, cuando inició la erosión regresiva (fenómeno que aún está en estudio), Petroecuador ha tenido que mover en seis ocasiones el oleoducto, que transporta unos 350 mil barriles de petróleo diarios.
Ahora, Petroecuador prevé lanzar una séptima variante del oleoducto (Sote) hacia la montaña, a unos 300 metros sobre la carretera provisional, pues la vía regular también se fue al vacío.
La razón: apenas quedan unos 30 metros entre la ladera del monte por donde irá la tubería y el filo del socavón. El costo de esas operaciones de emergencia ya alcanza los $ 18,5 millones.
Las autoridades de Sucumbíos también han manifestado su preocupación, puesto que la destrucción de la carretera impidió la circulación de gran parte del transporte de productos y de pasajeros entre Quito y Lago Agrio, lo cual ha provocado grandes pérdidas en el comercio local.
El jueves pasado, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, estuvo en San Luis, tras un recorrido por la red vial amazónica, y aseguró que la vía Quito-Lago Agrio “es el objetivo número uno” y que actuará de manera inmediata y coordinada con las demás instituciones.
Sin embargo, a la misma hora en que el ministro daba su discurso en San Luis, a menos de un kilómetro estaba el gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, supervisando la construcción del bypass para el oleoducto. En ningún momento, coincidieron ni se reunieron.
Ese mismo día, el Municipio de El Chaco -que debe poner en marcha los planes de contingencia y habilitar albergues, por ejemplo- tuvo día libre. Este Diario fue en busca de una explicación sobre las medidas a tomarse, pero en el edificio azul, de dos plantas, solo estaba el guardia.
Para el presidente de la comunidad San Luis, Pablo Uyaguari, la erosión se está llevando todo, hasta las prioridades. “Nosotros, los habitantes, somos los últimos en la lista. Hay alerta roja y todavía no sabemos adonde nos van a reubicar ni con qué recursos haremos nuevas casas… Nadie se opone a que arreglen el oleoducto, la carretera, los negocios de Lago Agrio, pero… ¿y nosotros? Nos están dejando a la cola”, dice.
