Esta masacre es la mayor de una serie de episodios que venían en aumento en el país en los últimos años en las cárceles por enfrentamientos entre bandas. Ya en este mismo año, en febrero, se habían producido confrontaciones en cuatro cárceles con un saldo de 79 muertos, lo cual era hasta esta semana el peor episodio de violencia en las prisiones del país.
Esta realidad de violencia entre rejas suele golpear con fuerza en la región, que ya en el pasado ha vivido episodios similares en varios países, recordados por medios internacionales como BBC o El País.
El hecho en el que murieron más presos ocurrió en Honduras entre el 14 y 15 de febrero de 2012, cuando 361 personas fallecieron en la Granja Penal de Comayagua. La hacinada cárcel sufrió un incendio por, según las investigaciones, causas accidentales. Se desestimaron así las primeras hipótesis de ser algo planeado.
En tanto que la peor masacre por motines y peleas entre grupos o bandas sigue siendo la de 1986 en Perú, cuando entre el 18 y 19 de junio hubo acciones coordinadas de presos de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Túpac Amaru en tres prisiones de ese país. El saldo de ese hecho fueron 250 muertos.
Luego está lo sucedido en 2005 en la prisión de Higüey, en República Dominicana, en la que un enfrentamiento entre bandas terminó en un gran incendio y fallecieron 135 prisioneros.
Brasil es uno de los países con mayores problemas carcelarios por la gran cantidad de presos -sumado a las malas condiciones- y los continuos enfrentamientos entre bandas dentro de las cárceles. La peor fue la de mayo de 2006, mes en el que con motines y ataques coordinados a comisarías se provocó la muerte de 133 personas entonces privadas de la libertad en menos de cinco días. En aquella ocasión se culpó al Primer Comando de la Capital (PCC), que lideraba entonces el crimen organizado en el país.
Justamente este último también protagonizó en 2017, junto con el Comando Rojo (CV por sus siglas en portugués), otro episodio de motines en cárceles que dejó 115 fallecidos. En ese mismo país en 1992 también hubo un episodio conocido como la masacre de Carandirú, una cárcel en la que murieron 111 mientras la policía trataba de recuperar el lugar tras un amotinamiento.
Respecto de otros hechos en los que fallecieron más de 100 reos están también el incendio en la prisión de Sabaneta, en Venezuela, en 1994, que provocó la muerte de 108 personas. Así como el deceso de otros 107 reclusos en un incendio de una cárcel de San Pedro Sula, en Honduras.
Según Lautaro Ojeda, especialista en seguridad ciudadana y que se ha concentrado en violencia social interpersonal, para entender lo que pasa hay que recordar la responsabilidad histórica estatal que incluye varios factores, de los que uno es la droga, tanto desde el plano local como internacional.
“No se avizora la problemática general de las causas, la pobreza, la inequidad, la corrupción, que están en el fondo de todo eso (…), es decir, el tema es de una enorme complejidad (…), pero nos hemos centrado en dos o tres aspectos de la criminalidad, pero no tenemos un conocimiento profundo(…), no tenemos diagnósticos, tenemos una especie de contabilidad de cuántos han muerto, las catástrofes, pero no hay respuestas suficientes de cómo y por qué se originan”, dice Ojeda.
Él cree que también hay que verlo de forma estructural porque este tipo de masacres son producto de una violencia acumulada, de factores acumulados, en donde nace la oportunidad de vincularse con el crimen organizado y mafias internacionales. Mientras “la prevención del crimen es un discurso y la rehabilitación es una ficción, casi una mentira, el sistema judicial no puede estar peor, la inteligencia en cárceles no es suficiente”, problemáticas que se repiten en los demás países de los casos mencionados.
En tanto, el doctor Jorge Villacreses, máster en criminalística, ve como primer factor la disputa entre bandas criminales locales que son brazos de carteles internacionales de narcotráfico que les proveen dinero, armas y drogas, en el caso de Ecuador, los cuales son sanguinarios. Además de que desde los centros penitenciarios se maneja lo que sucede con las drogas en el país y su salida, así como lo que pasa en las calles.
“En esa disputa (por los centros penitenciarios) es donde nacen estas reyertas, asesinatos y crímenes”, comenta Villacreses, quien añade que una de las medidas más necesarias es trabajar en inteligencia con colaboración de los países pares involucrados en estas redes, como México, Colombia y Perú.
“Hay que desbaratar estas organizaciones porque si no mañana 100 personas más van a estar dispuestas a reemplazar a los que fallecen o son cambiados”, comenta Villacreses, quien agrega que se debe hacer una reinfraestructura en el sistema carcelario, así como darles mayor preparación y herramientas a los guardias, que no pueden afrontar lo que ocurre. Y para eso es oportuno aprovechar el estado de emergencia.
“Esto representa una crisis, una crisis de alto nivel, un problema que veníamos venir desde hace mucho tiempo, pero al cual no se le ha dado las respuestas necesarias a tiempo”, comenta Bertha García, catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien plantea también que la militarización no es una respuesta porque ocasionaría más violencia y se debe empezar por un mejor manejo del sistema carcelario y de la política sobre estos temas.
García, doctora en sociología, agrega que Ecuador está infestado de narcotráfico y esto ha hecho que sea uno de los países más violentos porque la conexión con bandas internacionales ha hecho que se use tácticas como la de los Zetas en México, que es la violencia abierta para amedrentar a rivales, fuerzas de seguridad y al Estado.
