El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, advirtió este viernes a la Asamblea Nacional que invocará el recurso constitucional de la “muerte cruzada” y la disolverá si esta no aprueba varios proyectos de ley sobre asuntos tributarios y laborales que enviará en los próximos días.
En un encuentro con medios de prensa en la sede del Ejecutivo, el mandatario criticó que el Legislativo le devolviera el proyecto de reformas laborales (Ley de Creación de Oportunidades), el cual no se presentó ante el pleno de los diputados.
Expresó: “El cronómetro corre. El decreto (de la muerte cruzada) está listo (…) Si bloquean las leyes debemos ir a muerte cruzada”, enfatizó Lasso sobre el recurso que, según medios de prensa, le permite disolver la Asamblea pero lo obliga a convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
Tras lanzar la advertencia, expresó que insistirá en dialogar con la Asamblea. Al respecto, añadió que este viernes se reunió con su presidenta, Guadalupe Llori, para conversar sobre el referido proyecto de ley, que fue devuelto por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
Este órgano consideró que la iniciativa incumplía principios constitucionales y debía retornar al Ejecutivo para ser mejorada.
En la rueda de prensa, Lasso adelantó que enviará a la Asamblea tres proyectos de Ley (uno laboral, tributario y de inversiones), y a continuación dos proyectos de ley económicos urgentes (tributario y laboral).
Exigió que las iniciativas legislativas pasen a las Comisiones correspondientes y se debatan en el Pleno de la Asamblea. Agregó que no cuenta con los votos de la Unión por la Esperanza ni del Partido Social Cristiano, pero espera ser apoyado por el movimiento indígena Pachakutik.
El mandatario enfatizó que no tiene inconvenientes en accionar la muerte cruzada, medida prevista en el artículo 148 de la Constitución y que puede utilizarse una sola vez en los tres primeros años de gestión presidencial.
Según la Carta Magna, el jefe de Estado puede disolver la Asamblea Nacional por tres causales: cuando considere que esta se arrogó funciones que no le competan constitucionalmente; cuando obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de forma reiterada e injustificada, o en circunstancias de grave crisis política.
Esta semana, la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional aprobó la hoja de ruta para investigar el posible vínculo de Lasso con el escándalo Pandora Papers.
