Una mayoría de diputados asegura que la suspensión de Sebastián Piñera es un hecho, y sin bien es cierto logró salvarse de otra acusación constitucional por las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el levantamiento social iniciado el 18 de octubre de 2019, en este caso su suerte estaría sellada.
La institucionalidad chilena contempla en su Constitución, que la acusación ingresada el pasado 13 de octubre, por los diputados en contra de Piñera , de ser acogida en al cámara, producirá la suspensión del cargo como lo describe su artículo 52. Luego, según el artículo 53, el Senado actuando como jurado, y de ratificar la imputación, conducirá a la destitución del presidente.
Para nadie es un misterio que este ejercicio de responsabilidad republicana será gestionado antes de las elecciones de 21 de noviembre, para que los parlamentarios puedan establecer, ante los electores, sus posiciones frente a la corrupción.
Una mayoría de diputados asegura que la suspensión de Piñera es un hecho, y sin bien es cierto logró salvarse de otra acusación constitucional por las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el levantamiento social iniciado el 18 de octubre de 2019, en este caso su suerte estaría sellada.
Según la agencia France 24, un comité conformado por legisladores de la oposición presentó el miércoles, ante la Cámara Baja, la acusación formal contra el mandatario que pide llevarlo a un juicio político de destitución por presunta corrupción.
“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad y, en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación”, explicó el diputado socialista Jaime Naranjo, acompañado de representantes de todas las bancadas opositoras.
Las supuestas irregularidades se remontan a 2010 durante la venta del megaproyecto Minera Dominga, entonces propiedad de la familia Piñera, a su amigo y empresario, Carlos Alberto Délano.
La transacción tuvo un valor total de 152 millones de dólares. 138 millones constan en un acta firmada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en el caso chileno consideró la colaboración de los medios ‘Ciper’ y ‘LaBot’.
Además, la filtración generó controversia debido a que la última cuota del pago estaba condicionada a que la zona no fuera declarada como área de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.
En medios internacionales se destaca la BBC, que, en su portal publicado el pasado 8 de octubre, indica:
La Fiscalía de Chile abrió una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera, uno de los políticos que aparece en los Pandora Papers sobre movimientos de recursos financieros en paraísos fiscales, por el caso de la venta del proyecto minero Dominga.
“El Fiscal Nacional ha tomado esta decisión atendido que los antecedentes podían revestir carácter de delito de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación”, informó la directora de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
Los documentos filtrados en los llamados Pandora Papers exponen las presuntas irregularidades en la venta de acciones del proyecto minero Dominga en 2010, la cual se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal.
Por su parte, el influyente medio alemán, Deutsche Welle, tituló :
Un nuevo escándalo para el presidente de Chile Sebastián Piñera
El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha acaparado los titulares por una multimillonaria venta de una compañía minera. A pesar de que el mandatario asegura ya no estar involucrado en la gestión de las empresas familiares, las acusaciones de evasión de impuestos nuevamente lo salpican.
