Con la presentación de la Pro forma presupuestaria 2022, nuevamente vuelve al debate sobre las asignaciones para las universidades públicas, escuelas politécnicas y universidades cofinanciadas.
Según un comunicado de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), para el próximo año hay un recorte de $213 millones.
Este recorte «pone en riesgo calidad, acceso a la investigación en educación superior y los planes de retorno progresivo a las aulas universitarias», de acuerdo con la organización.
Sin embargo, si se analiza el presupuesto presentado a la Asamblea durante el pasado 30 de octubre 2021, la reducción llega a un poco más de $138,08 millones.
En total, el Ministerio de Economía proyecta que los recursos al sistema de educación superior sumen $1.057,453 millones en 2022. En 2021, las asignaciones llegaban a $1.195,533 millones, de acuerdo con la última revisión del presupuesto con corte a agosto 2021.
Así, la diferencia entre un año y otro es de $60,7 millones. Para el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), que se alimenta de hasta el 10% de la recaudación del impuesto a la renta, los recursos suben de $833,68 millones a 871,72 millones.
Por otro lado, el dinero para gratuidad de la educación se mantiene en $183,96 millones; mientras los recursos para funcionamiento aumentan de $14,51 millones a $26,67 millones.
Una reducción importante se verifica en los fondos de autogestión, es decir, en los ingresos que generan por sus propios medios las instituciones de educación superior. El monto pasa de $109.31 millones en 2021 a $74,28 millones ($35,03 millones menos). Asimismo, existe una caída de alrededor de $20 millones en las asignaciones por devolución de IVA.
Dentro de la misma Pro forma 2022, se detalla que $823,24 millones de los recursos asignados a universidades y escuelas politécnicas se va en sueldos y salarios.
En otras palabras, de cada $100, alrededor de $72 se va en nómina y los $28 restantes en todo lo demás que necesitan las instituciones.
¿Quién recibiría menos recursos?
Los mayores recortes están concentrados en las instituciones más grandes. En el caso de la Universidad Central, el presupuesto pasa de $148,95 millones a $120,19 millones ($28,76 millones menos). Por su parte, la Universidad de Guayaquil baja de $135,79 millones a 119,21 millones ($16,58 millones menos)
La Universidad de Cuenca también sufre un recorte de $82,36 millones a $66,71 millones.
Para las universidades cofinanciadas, como la Universidad Católica del Ecuador, Universidad del Azuay, UTE, entre otras, los recursos pasan de $58,26 millones a $54,27 millones.
Los mayores aumentos están en la Universidad Estatal de Sur Manabí ($2,91 millones más); y Universidad Estatal de Santa Elena ($1,96 millones más).
¿Se debe revisar la calidad del gasto?
Los recortes son reales, pero uno de los debates que se deben instalar en el país es si se gasta bien o mal los recursos públicos. En otras palabras, si hay eficiencia.
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el malgasto y la no optimización de sistemas y procedimientos en el sector público afecta entre el 15% y 20% de los presupuestos públicos.
En el caso de las universidades, se debería evaluar la calidad de las nóminas y el gasto real por estudiante.
Por ejemplo, la Universidad Central destinó más del 60% de los $140 millones que recibió del Estado para el pago de una nómina de 4.484 funcionarios.
Andrés Rivas, economista, explicó que la universidad pública es importante para el desarrollo del país, pero se debe evaluar cómo se manejan los recursos.
«Con un alumnado de 40.000, los $141 millones de 2020 van una relación de más de $3.500 por persona. Sin embargo, en ese año no se gastó todo lo presupuestado, sino un poco más de $125 millones», acotó.
En 2021, la ejecución es todavía incierta, aunque la nómina aumentó y suma 4.901 funcionarios. El gasto anual presupuestado para ese rubro es de más de $84 millones. En la página web de la universidad solo hay el detalle de lo gastado hasta marzo. Con ese corte, el monto apenas es mayor a $25 millones, es decir,18% de los ingresos esperados.
Rivas recalcó que el gran problema del país es que cada mes le faltan más de $300 millones a la caja fiscal para cubrir todos los pagos, pero, a la vez, cada sector de la sociedad considera que su gasto es prioritario y tiene que ser mayor.
«Con lo que se dejó de ahorrar por el congelamiento del precio de los combustibles, por ejemplo, se podría cerrar la brecha de financiamiento universitario. Pero hay que recordar que por otro lado el Gobierno tiene presiones para gastar más en el sistema penitenciario, seguridad, desnutrición infantil; y todos los años debe aumentar las asignaciones a educación primaria y secundaria y salud pública», concluyó.
