La madrugada de este lunes, 9 de mayo, se registró un nuevo amotinamiento en una cárcel del país. Esta vez fue en Santo Domingo de los Tsáchilas. En sectores de los alrededores de este centro penitenciario se escucharon disparos, y muchos se pusieron a buen recaudo.
Unos 40 reos que intentaron escapar fueron recapturados en el amotinamiento, dijo el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas. Hay dos muertos y cinco heridos, según cifras preliminares.
El oficial indicó que la riña estaría ligada al traslado de un reo de la cárcel La Roca de Guayaquil a Santo Domingo. “La presencia de esa persona genera una pugna”, dijo.
Ese recluso es alias Anchundia, quien estaba en la cárcel de Turi y fue uno de los cabecillas que provocaron amotinamiento en abril pasado. Él obtuvo un habeas corpus para ser trasladado.
Cerca de las 06:00 de este día circularon imágenes según las cuales algunos internos presuntamente habían sido asesinados en esta cárcel, pero no se ha confirmado su veracidad por parte de las autoridades.
El Ministerio del Interior indicó temprano que la Policía brinda apoyo al SNAI para controlar la situación en este centro carcelario.
Patricio Carrillo, ministro del Interior, indicó que se dispuso el traslado de más policías para afrontar el amotinamiento y que se coordina con las Fuerzas Armadas.
“Desde el primer día trabajamos para superar los problemas del sistema penitenciario, pero es complejo encontrar soluciones rápidas en un ambiente de alta contaminación y violencia”, señaló.
A inicios de abril se reportó un episodio sangriento en la cárcel de Turi, en Azuay. La cifra de fallecidos llegó a 20.
El Gobierno asoció los disturbios de Turi a una organización criminal que busca tomar control absoluto de la cárcel, mientras que otras células se resisten a esto. Los Lobos, una organización narcodelictiva, está tras las disputas con células disidentes.
La infraestructura del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Bellavista tiene una capacidad máxima para mil reclusos, pero en la actualidad esa cifra bordea los 1.800 reclusos.
Miguel Orellana, exgobernador de Santo Domingo, dijo que la falta de información de los servicios de inteligencia impide neutralizar incidentes en los centros carcelarios del país.
“Son organizaciones narcodelictivas que imponen sus amenazas dentro de los reclusorios, (en los territorios de) jueces y pobladores donde están asentados”, remarcó.
Militares del Batallón de Ingenieros N.º 67 Montúfar y personal policial de la Subzona 4 de Santo Domingo acudieron a atender esta novedad.
Familiares de algunos internos llegaron a los exteriores del penal por información.
