Cada vez se reduce más el espacio cívico y las violaciones de derechos humanos se incrementan. Las protestas pacíficas deberían ser un medio democrático de participación, en cambio suelen emitir órdenes de “disparar a matar” para acallarlas, señala el relator de la ONU especializado en el tema.
La tendencia mundial a responder militarmente a las protestas ha producido una escalada de violencia y abusos de los derechos humanos, advirtió este lunes el relator especial sobre el derecho a asamblea y asociación pacífica.
En el informe sobre el tema que presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Clément N. Voule destacó la reducción continua de los espacios cívicos por parte de los gobiernos, alertando del agravamiento de las crisis que esto produce.
“En lugar de ver la protesta pacífica como un medio democrático de participación, con demasiada frecuencia los gobiernos recurren a la represión para suprimirlas y silenciar las voces de las personas”, apuntó Voule
El experto señaló que los gobiernos de todo el mundo despliegan a sus ejércitos y aplican tácticas militares para sofocar las protestas pacíficas, además de que enjuician a los manifestantes en tribunales militares
Como resultado, se incrementan la violencia, las tensiones, los atropellos a los derechos humanos y la impunidad.
En el caso de las mujeres manifestantes, el efecto del enfoque militar es especialmente intimidante ya que a veces se busca silenciarlas por medio del abuso sexual.
El informe dedica especial atención a la respuesta a las protestas pacíficas en situaciones de crisis, incluida la estigmatización generalizada de los movimientos de protesta.
“Los Estados se refieren a las protestas como amenazas a la estabilidad y como desencadenantes de crisis para luego reprimirlas”, dijo el experto de la ONU.
Criticó el cada vez más común uso de fuerza ilegal y excesiva para disipar las protestas, incluido el uso de fuerza letal.
“Las autoridades están emitiendo órdenes generales de disparar a matar en respuesta a las protestas. También se ha hecho uso indebido de armas menos letales para infligir heridas graves, causando muertes de manifestantes. Estas violaciones deben detenerse de inmediato. Los Estados deben aceptar las protestas pacíficas”, recalcó Voule.
El experto llamó a los Estados a garantizar que no se persiga, arreste ilegalmente, criminalice, torture asesine o dañe a las personas por ejercer su libertad fundamental de reunión pacífica.
Asimismo, hizo hincapié en que las medidas excesivas de emergencia por parte de los Estados para suprimir las protestas pacíficas se han vuelto comunes, aumentando aún más durante la pandemia de la COVID-19.
“La imposición del estado de emergencia, no da carta blanca a los Estados para violar los derechos humanos. Independientemente de la crisis a la que se enfrenten, incluidas una emergencia o guerra, los Estados están sujetos a sus obligaciones en materia de derechos humanos, que estipulan el derecho de reunión pacífica”, subrayó el relator especial.
Finalmente, Voule instó a los Estados a interactuar con los manifestantes, escuchar sus preocupaciones y abordar las causas fundamentales de las crisis. “Al crear un entorno propicio para las protestas pacíficas y escuchar las demandas legítimas de los manifestantes, los gobiernos pueden adoptar políticas más receptivas y justas y pueden llegar a soluciones inclusivas, participativas y pacíficas de las situaciones de crisis”, sostuvo el experto.
