La Corte Constitucional (CC) de Ecuador admitió este miércoles el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso relacionado con el presunto delito de peculado. En un comunicado, el máximo ente constitucional del país suramericano explicó que el pleno resolvió “inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado”.
La CC mencionó que esta determinación ocurrió por mayoría calificada de seis votos a favor y tres votos salvados (emitidos en forma individual por las juezas Teresa Nuques Martínez y Carmen Corral Ponce y el juez Enrique Herrería Bonnet).
Agregó que en el análisis de la solicitud presentada por la Asamblea Nacional (parlamento) se estableció que los primeros dos cargos formulados -relacionados con el delito de concusión- no cumplen las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
“En relación al delito de peculado, por el contrario, se determinó que su formulación se enmarca en los presupuestos de admisibilidad establecidos en el mencionado artículo de la LOGJCC”, especificó la CC.
Con este dictamen de admisibilidad, por primera vez en la historia democrática de Ecuador, desde que rige la Constitución del año 2008, un presidente de la República será llamado a juicio político en la Asamblea Nacional, destacó el corresponsal de teleSUR en Quito, Orlando Pérez.
El periodista explicó que ahora el parlamento tiene un plazo de hasta 30 días para que procese todos los mecanismos de orden constitucional (defensa, descargo, entre otros).
Luego de que la comisión parlamentaria de fiscalización elabore un informe con el detalle de la acusación, este pasará al pleno legislativo para su debate.
Para que se pueda destituir al presidente de la República se requieren 92 votos de los 137 asambleístas ecuatorianos.
En un comunicado emitido en la noche del miércoles, el Gobierno del presidente Lasso manifestó que respeta la decisión de la Corte Constitucional, sin embargo rechaza el juicio político y ratifica la inocencia del jefe de Estado.
