La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador conoció oficialmente este lunes la solicitud que busca la destitución y censura del presidente Guillermo Lasso por el presunto delito de peculado. El proceso de juicio político contra el jefe de Estado, el cual fue solicitado por una comisión legislativa pluripartidista y validado por la Comisión Constitucional, inicia notificando a las partes.
La vicepresidenta de la comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, explicó que la instancia va a solicitar a los proponentes que pormenoricen y singularicen estas pruebas que han solicitado en su demanda política, a fin de que el mandatario pueda ejercer correctamente su derecho a la defensa.
“A partir de solicitar correctamente de oficio las pruebas que corresponda y a partir de ahí empieza a contar los diez días desde la notificación”, agregó Cordero.
Este proceso se da una vez que la Corte Constitucional emitió un informe de admisibilidad por el presunto delito de peculado, una de las tres causales que se presentaron contra el presidente Lasso.
El asambleísta Pedro Velasco dijo, por su lado, que “nosotros, como comisión de Fiscalización, tenemos la obligación de valorar las pruebas, únicamente las que tienen que ver con el tema de peculado”.
Tras este proceso, el comité legislativo elaborará un informe recomendando o no el juicio político. En forma posterior, el documento será debatido en el pleno de la Asamblea Nacional.
La legisladora por la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, mencionó que “tanto los proponentes, como el presidente de la República, tenemos que respetar el debido proceso, singularizar estas pruebas, presentar estas pruebas de cargo y descargo y evacuarlas en el momento oportuno dentro de la comisión”.
El presidente Lasso, en comparecencia con distintos medios, se ha eximido de responsabilidad.
“Es que no existe tal peculado y se lo puedo demostrar: aquí están los documentos que demuestran claramente que se me quiere juzgar por hechos sucedidos en el gobierno anterior”, manifestó Lasso.
Para una eventual censura y destitución del presidente se requiere de al menos 92 votos de los 137 asambleístas ecuatorianos.
