Una vez que el 17 de mayo de 2023, el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó la muerte cruzada y con ello la disolución de la Asamblea Nacional, cerca de 1 200 empleados legislativos fueron cesados en sus cargos. Están a la espera de sus liquidaciones.
A más de un mes de ese incidente, hay incertidumbre entre los exfuncionarios sobre las decisiones que adopte el administrador general de la Legislatura, Miguel Pesantez.
El representante de la Asociación de Servidores Legislativos (Asosel), Diego Lucero, indicó que son entre 82 a 86 los funcionarios que tienen nombramiento y, unos 1 000 bajo contrato.
Lucero expresó que, al momento, desde el área administrativa se está procediendo a la liquidación del personal que estaba bajo contrato ocasional, de acuerdo a lo que corresponda. Sostuvo que como Asociación solo han intervenido en la fase para que se cumpla con la obligación, ya que el resto es de responsabilidad de quienes están al frente del área administrativa.
El artículo 3 del Decreto Ejecutivo 741 determinó la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional. Esta disolución no otorga ni a los legisladores ni al personal legislativo ocasional, derecho a reparación o indemnización alguna, conforme lo establece de manera expresa el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El dirigente legislativo expresó que el área administrativa tiene previsto dejar todo este tema resuelto para que no le queden pendientes a la nueva Asamblea Nacional.
Recursos de la Asamblea
El Parlamento recibió una asignación de USD 51,45 millones para el 2023 correspondiente al presupuesto general del Estado. De ello, hasta el 17 de mayo, día en el que se aplicó la muerte cruzada, se habrían ejecutado USD 17,77 millones. Se espera que el resto sirva para el pago a los servidores legislativos cesados.
