Desde que asumió como presidente argentino en diciembre de 2015, Mauricio Macri señaló una y otra vez la necesidad de «bajar el costo laboral» y «mejorar la competitividad» de la economía de su país.
Con ese objetivo, varias veces se mencionó la posibilidad de implementar una reforma laboral que, finalmente, llegará al Congreso para empezar a ser discutida antes de fin de año.
Semanas atrás se había filtrado un primer borrador del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que generó un fuerte rechazo en todos los sindicatos, incluida la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT). Sin embargo este jueves, en el predio de la Sociedad Rural Argentina en Buenos Aires, el triunvirato que dirige la central sindical acordó con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, un nuevo proyecto que contempla varias propuestas de la iniciativa original.
Así lo ratificó el titular de la cartera laboral al diario La Nación, al asegurar que el texto de la ley «mantuvo su espíritu» más allá de algunas concesiones. Triaca añadió que hablaron «con todos los representantes» y si bien entienden «que hay algunos que no puedan concordar», resaltó que «asesores de sindicatos y del sector empresario revisaron el proyecto» y «ese consenso vale mucho más que quizás algunos cuestionamientos».
¿Qué propone la reforma?
«El grueso del proyecto original del Gobierno quedó intacto», opinó el abogado laboralista Federico Dalponte. En diálogo con RT, explicó que de aquel borrador la mayoría de los puntos importantes se sostienen.
«No se flexibilizará la jornada laboral ni se introducirá la figura de ‘trabajador independiente’, pero habrá condonación de deudas para empresarios, rebaja de multas por trabajo no registrado, posibilidad de renunciar a derechos adquiridos, fondo de cese laboral, limitación de la indemnización por despido y facilidades para la tercerización», explicó.
Desde su perspectiva no hay dudas de que «los trabajadores ganarán poco con esta reforma», entre lo que se destaca «apenas algunas licencias nuevas vinculadas a la paternidad y maternidad».
Con la nueva versión el impacto «será un poco menor, pero seguirá siendo un retroceso», opinó Dalponte. Y sentenció que «lo único que negoció la CGT fue la extensión y la modalidad de los recortes».
A modo de ejemplo, explicó que la ley actual impone «una serie de multas al empleador a favor del trabajador no registrado», mientras que el proyecto oficial, en cambio, «reduce esos montos y coloca su cobro en cabeza del organismo de seguridad social».
Esto no «solo desincentiva el reclamo del trabajador afectado», ya que no se beneficiará más del pago y «hasta podría ser despedido», sino que al mismo tiempo «le abarata a las empresas las consecuencias económicas de su mal obrar».
Por último, señaló que «uno de los puntos más peligrosos a futuro es el fondo de cese laboral». Esto fue «de especial interés para el Gobierno», aunque debe ser «ratificado por cada sindicato sectorial».
La propuesta consiste en «transformar la lógica de la actual indemnización por despido», permitiéndole a las empresas «realizar aportes periódicos a un fondo de previsión». Esto, en la práctica, «facilitaría el despido arbitrario, pues el monto de la indemnización, ya previamente ahorrado, dejará de funcionar como desincentivo para el empleador».
Redacción CiudadColorada.com | RT | Agencias
