El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dio por terminadas las funciones del embajador en Londres, Carlos Abad, en el cargo desde 2015 en esa legación diplomática donde está asilado el fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange.
En un decreto con fecha 21 de noviembre, Moreno agradece los servicios prestados «y da por terminadas las funciones» de Abad, embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
En el escrito no se ofrecen las razones por las cuales se dan por terminadas las funciones del diplomático, pero apunta que la Constitución prevé como una de las atribuciones del jefe de Estado el nombrar y renombrar a embajadores y jefes de misión.
Varias fuentes diplomáticas consultadas no supieron explicar los motivos de la decisión. En el último año, Abad ha estado involucrado en las conversaciones con Reino Unido para tratar de resolver la situación del activista australiano mediante acuerdo, tratativas que no dieron resultado por la negativa de Londres a dejarle abandonar el país sin detenerlo.
En agosto, la embajada le entregó el pliego de normas de convivencia que Ecuador impuso a Assange, a lo que este respondió con un recurso de amparo ante la Justicia ecuatoriana, que indignó a la Cancillería.
Abad está al frente de la legación en Londres desde el 4 de junio de 2015, cuando gobernaba el país el anterior presidente Rafael Correa, en cuya administración se otorgó el asilo.
Assange era requerido desde 2010 por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujeres por violación, que él niega, pero Suecia archivó la causa al no poder avanzar en la investigación.
Ahora tiene pendiente enfrentar a la justicia británica por violación de medidas cautelares. Y aunque el caso en Suecia está archivado, Assange sigue recluido en la legación por temor a que su salida provoque una petición de extradición por EE.UU. y su inmediata detención.
La semana pasada se conoció que fiscales en EE.UU. han imputado cargos al fundador de Wikileaks en un procedimiento secreto que se ha revelado por error, según publicó entonces The Washington Post.
En un escrito a un juez que se hizo público, el fiscal federal adjunto Kellen S. Dwyer instó a mantener bajo secreto el caso de Assange «debido a la sofisticación del acusado y la publicidad que le rodea».
«Es probable que ningún otro procedimiento mantenga confidencial el hecho de que ha sido imputado», dijo Dwyer, que defendió que así siga siendo hasta que a Assange eventualmente se le detenga.
No queda claro qué se le imputa a Assange, aunque en el pasado Estados Unidos estudió posibles cargos por conspiración, robo de propiedad gubernamental o violación de la Ley de Espionaje por la gran filtración de Wikileaks en 2010.
Con información de El Comercio
